El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo pública la designación de siete exfuncionarios ecuatorianos y sus familiares directos como inelegibles para ingresar a territorio norteamericano, debido a su presunta implicación en actos de corrupción ligados a organizaciones narcoterroristas. La medida diplomática, anunciada la noche del miércoles 9 de septiembre de 2026, responsabiliza a los señalados de abusar de sus cargos públicos para recibir sobornos a cambio de interferir en procesos judiciales, electorales y públicos a favor de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Los Choneros y Los Lobos.
Entre las figuras mencionadas constan Pablo Ramírez, exdirector del SNAI; Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura; y el exjuez Ronald Guerrero, todos con sentencias en el caso Metástasis por favorecer al fallecido narcotraficante Leandro Norero. Asimismo, la sanción abarca al exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas Fabiola Gallardo, el exjuez Johann Marfetán —todos condenados en el caso Purga— y la excomunicadora judicial Mayra Salazar, quien ya cumplió su pena dentro del caso Metástasis.
El comunicado oficial enfatizó que las conductas sancionadas vulneraron la seguridad estadounidense al impulsar el tráfico de drogas hacia sus comunidades. Esta determinación se dio a conocer pocas horas después de la reunión sostenida en Quito entre el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el presidente Daniel Noboa, reafirmando el compromiso de la administración norteamericana de exponer y frenar el acceso a funcionarios involucrados en actos de corrupción pública.
