A un cuarto de siglo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron casi 3.000 víctimas mortales en Nueva York, Virginia y Pensilvania, las familias de los fallecidos continúan a la espera del inicio del juicio contra Khalid Sheikh Mohammed, señalado como el cerebro de la operación de Al Qaeda. Pese a que un juez militar fijó recientemente la fecha del proceso para junio de 2028 en la base naval de Guantánamo, los allegados de las víctimas expresan su preocupación de que nuevos diferimientos impidan que los padres y familiares de mayor edad presencien un dictamen judicial, mientras los acusados envejecen sin una condena formal tras dos décadas de reclusión.
La causa penal ha enfrentado complejos obstáculos jurídicos derivados del uso de técnicas de interrogatorio forzado por parte de la CIA en prisiones secretas previas a su traslado a Cuba. En una reciente resolución, el magistrado a cargo desestimó las confesiones presentadas por la fiscalía al considerar que el acusado sufrió abusos físicos y mentales extraordinarios, privando al Ministerio Público de su prueba central y obligando a litigar sobre la admisibilidad de escuchas telefónicas y grabaciones. El panorama se complicó tras la paralización de un acuerdo de culpabilidad alcanzado a inicios de 2025 que contemplaba evitar la pena de muerte, el cual fue suspendido por la administración estadounidense en medio de posturas divididas entre los familiares sobre la efectividad de un pacto frente a un juicio oral.
Las audiencias preliminares —que han pasado por la dirección de cinco jueces militares— avanzan en medio de mociones de la defensa para excluir evidencia relacionada con el periodo de tortura. Mientras los deudos se preparan para un nuevo aniversario de los ataques, los expertos en derecho internacional estiman que la definición de las pruebas admisibles determinará la fluidez de un debate oral que, una vez instalado, podría extenderse por más de un año.
