El Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) oficializó el acuerdo ministerial MIT-MIT-26-42-ACU mediante su publicación en el Registro Oficial, estableciendo la normativa de 71 páginas que regula el acceso a subsidios e incentivos para vivienda de interés social (VIS) y de interés público (VIP). El documento aplica para promotores, gobiernos autónomos descentralizados y entidades financieras, normando modalidades como subsidios totales y parciales, créditos hipotecarios preferenciales, autoconstrucción, vivienda progresiva y reconstrucción posemergencia. Los aspirantes a estos beneficios pueden canalizar sus postulaciones de manera digital a través de la plataforma web institucional o de forma presencial en las direcciones distritales correspondientes.
Para el primer segmento de la Vivienda de Interés Social (VIS), destinado a grupos vulnerables o en condición de pobreza, el Estado contempla un subsidio total del 100 %. Esta ayuda aplica para construcciones en terreno propio de hasta 54 salarios básicos ($ 26.028 en 2026) o en predios estatales de hasta 74 salarios básicos ($ 35.668 en 2026), monto que incluye obras de urbanización y equipamiento. Entre los requisitos obligatorios para los postulantes destacan la residencia legal, constar en los índices de pobreza del registro social, no poseer otros inmuebles a nivel nacional ni haber recibido incentivos habitacionales previos por parte del Estado.
Por su parte, el segundo segmento abarca inmuebles estatales destinados al arriendo social temporal para sectores de menores ingresos, ofreciendo esquemas de alquiler con opción a compra, así como subsidios parciales combinados con crédito hipotecario a tasa preferencial para viviendas de hasta 135 salarios básicos ($ 65.070 en 2026). En esta modalidad, la aportación estatal directa alcanzará hasta un máximo de 21 salarios básicos ($ 10.122 en 2026), brindando la posibilidad de que las familias financien el monto restante a través de instituciones financieras supervisadas.
