En un violento suceso que ha conmocionado a Michoacán, Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, fue asesinado a tiros. El lamentable hecho ha sacudido la esfera política y de seguridad en el estado, más aún al confirmarse que el edil se encontraba bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR). La FGR había iniciado una investigación contra Bastida García y varios de sus funcionarios por supuestas “reuniones habituales, consensuadas y establecidas” con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Fiscalía Especializada en Control Regional (FECOR) de la FGR estaba a cargo de integrar la carpeta de investigación por el delito de asociación delictuosa, lo que añade una capa de complejidad y gravedad al asesinato del alcalde. Este crimen subraya la persistente y preocupante infiltración del crimen organizado en diversos niveles del gobierno en México, y plantea serias interrogantes sobre la seguridad de los funcionarios públicos que ejercen su cargo en zonas con alta presencia de grupos delictivos. Las autoridades locales y federales se enfrentan ahora al desafío de esclarecer el asesinato y desarticular las redes criminales que operan en la región.
