La actualización de las Reglas Generales de Visita y Normas de Comportamiento aplicables al Parque Nacional y la Reserva Marina de Galápagos ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la conservación ambiental y el crecimiento del turismo en el archipiélago. Las disposiciones obligatorias alcanzan a visitantes, residentes y operadores, estableciendo parámetros sobre distancia con la fauna, uso de senderos, actividades náuticas, equipos tecnológicos y la presencia obligatoria de guías naturalistas acreditados en la gran mayoría de sitios protegidos.
Desde la perspectiva de la conservación, especialistas como Eliecer Cruz, del Programa Galápagos de la Fundación Jocotoco, destacan que el reglamento actualiza normas vigentes desde hace décadas y amplía protecciones clave, como la regulación del avistamiento de cetáceos. La normativa exige mantener una distancia de 100 metros respecto de las ballenas y 50 metros frente a los delfines —márgenes que deben duplicarse ante la presencia de crías—, además de prohibir maniobras que intercepten o dividan a los grupos. Asimismo, recuerdan que la exigencia de un guía certificado en las excursiones es un pilar histórico respaldado por el trabajo de cientos de guardaparques e inspecciones junto a las fuerzas navales.
Por su parte, analistas como el comunicador ambiental Alberto Andrade resaltan la incorporación de la tecnología y las redes sociales como herramientas formales de fiscalización. Bajo la nueva normativa, cualquier fotografía o video publicado en plataformas digitales donde se observe el contacto indebido con animales, el uso de drones sin permiso o la alteración del entorno natural podrá ser utilizado como prueba válida dentro de procesos administrativos sancionatorios. La regulación también busca preservar la tranquilidad del ecosistema al prohibir parlantes sin auriculares y la promoción de alcohol, cigarrillos o vapeadores en las playas.
No obstante, el debate de fondo apunta a los límites de la capacidad operativa del Estado. Periodistas e investigadores como Franklin Vega sostienen que el verdadero problema radica en la escala del flujo turístico, el cual escaló de 11.000 visitantes anuales en la década de 1970 a casi 300.000 en la actualidad. Esta masificación ejerce una presión constante sobre la infraestructura local y los recursos de vigilancia, especialmente en el ámbito marítimo, donde la falta de personal dificulta el control frente a amenazas graves como la pesca ilegal o el tráfico de especies endémicas.
