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Defensa de José Serrano solicita su traslado a Quito dentro del proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio

La abogada del exministro cuestiona la falta de contacto presencial y rechaza los informes del SNAI sobre sus condiciones de reclusión en la cárcel del Encuentro.

Escrito por Abel Cano

septiembre 29, 2026 | 09:42 ECT

Verónica Serrano Tama, hija y defensora técnica del exministro José Serrano, solicitó formalmente al juez Geovanny Freire disponer el traslado inmediato del procesado al Centro de Detención Provisional de Quito. La petición surge en el marco del caso denominado Magnicidio FV, en el que el exfuncionario se encuentra acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. En el escrito ingresado ante el juzgado, la defensa argumenta que la medida se sustenta en garantías constitucionales y en normativas internacionales que promueven que las personas privadas de libertad permanezcan en centros cercanos a sus hogares.

La abogada justificó la firma individual del documento al manifestar que no ha podido mantener comunicación presencial con su defendido desde su ingreso a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, limitándose únicamente a contactos telemáticos supervisados. A la par del requerimiento de traslado, la defensa objetó los informes presentados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad sobre el estado de salud y la situación interna del recluso, solicitando que la Fiscalía investigue a las autoridades del centro penitenciario por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

La solicitud de la defensa coincide con la reactivación del cronograma judicial en este proceso. El juez Freire fijó la reanudación de la audiencia para finales de octubre, fecha en la que dará a conocer si llama a juicio a los siete procesados en la causa, entre quienes constan exfuncionarios, cabecillas de bandas criminales y otros investigados. La Fiscalía General del Estado ha sustentado su dictamen acusatorio bajo la figura de autoría mediata, postura que es respaldada de manera unánime por los acusadores particulares en representación de los familiares del político asesinado.

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