Wilber Garcés, un ciudadano venezolano de 28 años, fue sometido a una cirugía este jueves para extraerle una bala alojada cerca de la columna desde el pasado 20 de septiembre, según informó su equipo legal del Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP). El joven resultó herido por la espalda durante una intervención de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras trabajaba como repartidor en su vehículo. Tras permanecer en custodia, un juez federal le negó la fianza al considerarlo un riesgo de fuga y citar evidencias en video presentadas por las autoridades, en las que supuestamente se observa al acusado huir de un control y embestir a un oficial con su automóvil.
La fiscalía acusa formalmente a Garcés de agresión, resistencia e impedimento a un agente federal, delitos que conllevan penas de hasta 20 años de prisión. Mientras el testimonio de los oficiales sostiene que el disparo ocurrió porque el conductor intentó atropellar a uno de los agentes tras una persecución, la defensa del joven afirma que este únicamente solicitó estacionar en un lugar seguro antes de entregarse. La representación legal cuestionó además la actuación policial al señalar inconsistencias en los registros visuales del procedimiento, como la ausencia de cámara corporal en el agente que disparó y la interrupción de la grabación de su compañero durante la operación.
El caso ha generado fuertes críticas de organizaciones humanitarias y legisladores, quienes cuestionan los métodos y el uso de la fuerza empleados en los recientes operativos migratorios llevados a cabo en el estado. Mientras Garcés continúa su proceso de recuperación bajo detención criminal federal, sus abogados sostienen que las acusaciones presentadas en su contra suelen emplearse como represalia institucional en situaciones donde existen abusos de autoridad, por lo que han exigido un esclarecimiento completo de las circunstancias en que se produjeron los disparos.
