Un examen especial de la Contraloría General del Estado reveló diversas anomalías en los procedimientos contractuales destinados a la construcción, equipamiento y fiscalización de los hospitales rurales de El Valle, Baños y Ricaurte, en la provincia del Azuay. El informe de control, aprobado el pasado 16 de abril de 2026, examinó contratos y consultorías por un valor total superior a los 22 millones de dólares, financiados mediante un préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y recursos municipales dentro del programa Cuenca se Transforma. Entre los hallazgos destacan la inobservancia de condiciones de selección en las licitaciones públicas, la adjudicación a consorcios con integrantes en común que afectaron la libre competencia, deficiencias técnicas en los estudios y la eliminación injustificada de requisitos de experiencia sobre el equipamiento médico-tecnológico.
En paralelo a las observaciones del organismo de control, el alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Zamora, afronta tres denuncias por presunto peculado presentadas por el Ejecutivo. Las indagaciones apuntan a que los consorcios adjudicatarios de las obras habrían subcontratado a compañías presuntamente vinculadas al entorno familiar del funcionario municipal. Mientras la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones por estos hechos y por un proceso de enriquecimiento ilícito, las irregularidades detectadas por la Contraloría ponen bajo escrutinio la ejecución y planificación de los proyectos sanitarios previstos para las parroquias rurales de Cuenca.
