Pasadas las 08:30 de este miércoles 14 de octubre de 2026, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) instaló la audiencia reservada para escuchar el testimonio anticipado del exjuez de Sucumbíos y Esmeraldas, Jorge Bolívar Pinos, dentro del denominado caso Blindado. La diligencia fue convocada por la jueza nacional Daniella Camacho a solicitud del fiscal general encargado, Carlos Alarcón. Pinos, quien forma parte del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, rindió su declaración en calidad de coprocesado dentro de esta causa penal que investiga una red estructurada para el beneficio sistemático de fondos públicos a través del mal uso de garantías jurisdiccionales.
El caso investiga el presunto delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el que figuran 15 personas naturales y tres personas jurídicas. Entre los principales acusados consta el alcalde del cantón Esmeraldas, Vicko Villacís, señalado por el Ministerio Público como uno de los actores centrales del esquema por presuntamente incumplir su deber de custodiar los recursos estatales. La causa migró a la jurisdicción de la CNJ a inicios de septiembre tras la vinculación de magistrados de la Corte Provincial de Esmeraldas, lo que amplió la instrucción fiscal de 90 a 120 días, etapa que concluyó formalmente en los primeros días de octubre.
Entre los vinculados en esta última fase figuran los jueces provinciales Genaro Reinoso, Juan Francisco Morales, Juan Agustín Jaramillo, Luis Fernando Otoya y Carlos Vinicio Aguirre, además del exjuez de Atacames Simón Bolívar Moreno, el ciudadano Iván Sol González y las empresas Reypezpacific S. A., Reysolutionwash S. A. y Teknhikmec S. A. Una vez que se completen las diligencias pendientes ordenadas durante el periodo de instrucción, la Fiscalía formalizará el cierre de la etapa probatoria y solicitará fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Entretanto, tanto Villacís como Pinos y otros cinco involucrados se mantienen bajo la medida de prisión preventiva en recintos penitenciarios de Guayas y Cotopaxi, luego de que sus pedidos de revisión fueran ratificados por la jueza Camacho.
