El gobierno de Estados Unidos consolidó su respaldo en materia de seguridad y defensa a Ecuador tras el arribo de tres helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk facilitados por el Comando Sur. Las aeronaves ya se encuentran desplegadas en territorio ecuatoriano participando de manera activa en operativos de las Fuerzas Armadas orientados a desarticular las estructuras del crimen organizado. Según detalló el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, esta cooperación responde a un esfuerzo conjunto que combina material entregado en calidad de donación con medios tácticos estadounidenses que permanecerán operando en el país. El enfoque de las acciones no se limita al combate del narcotráfico, sino que abarca la neutralización del tráfico de armas y la minería ilegal, identificada por las autoridades como una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos delictivos.
El despliegue de las aeronaves tiene como prioridades territoriales la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, y el cantón San Lorenzo, en la provincia fronteriza de Esmeraldas. De acuerdo con el titular de Defensa, la estrategia inicial prioriza la contención en la frontera norte, con la proyección de extender progresivamente el patrullaje combinado hacia la frontera sur. La intervención técnica y operativa incluye la presencia de efectivos militares de la Armada de Estados Unidos, quienes participan directamente en patrullajes fluviales y marítimos a bordo de lanchas interceptoras junto a la Infantería de Marina ecuatoriana, además de colaborar en la planificación táctica de operativos desde el seno del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La alianza estratégica entre Washington y Quito contempla asimismo un importante soporte aeronaval y financiero. En el ámbito marítimo, la operación integra la presencia de dos buques de guerra estadounidenses equipados con tecnología de vigilancia aeromarítima, drones y lanchas de interdicción rápida, los cuales coordinan acciones de patrullaje junto al buque BAE Jambelí de la Armada del Ecuador. En términos presupuestarios, el compromiso económico acordado con el país norteamericano asciende a aproximadamente 45 millones de dólares destinados al combate del narcotráfico y diez millones adicionales dirigidos específicamente a frenar la minería ilegal, recursos que se orientarán a fortalecer los sistemas de radares, mejorar la capacidad de interceptación náutica y potenciar las capacidades operativas de las fuerzas del orden.
