El manejo de las cuentas de campaña del movimiento Revolución Ciudadana (RC) durante las elecciones presidenciales anticipadas de 2023 no solo derivó en sanciones en el ámbito electoral, sino que desencadenó el denominado caso Laberinto por presunto lavado de activos. La madrugada del jueves 22 de octubre de 2026, la excandidata presidencial y dirigenta de la organización, Luisa González Alcívar, fue aprehendida en su domicilio en Canuto, provincia de Manabí, dentro de un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional que incluyó intervenciones en Pichincha y dejó tres detenidos.
La investigación penal se desprendió de los expedientes tramitados en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras varias denuncias presentadas en 2025 por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. En abril de 2026, el juez electoral Guillermo Ortega sancionó a González, al excandidato a la vicepresidencia Andrés Arauz y a la responsable económica Estefanía Molina con una multa de $18.000 como responsables solidarios. El fallo, ratificado en última instancia en junio de 2026 tras el pago de la multa, remitió el expediente a la Fiscalía al advertirse inconsistencias en aportes sin justificar, publicidad no autorizada e indicios sobre el origen de los recursos. Otras tres denuncias similares del CNE contra la RC no prosperaron en la vía electoral por prescripción o fallos del Pleno del TCE, lo que derivó en investigaciones de la Contraloría y la destitución de cinco funcionarios electorales por omisiones administrativas.
Según la Fiscalía, el caso Laberinto indaga el presunto ingreso e integración de fondos de origen ilícito —procedentes de la comercialización ilegal de hidrocarburos— para financiar la contienda electoral de 2023 de la Lista 5. Luego de que un primer intento de audiencia telemática fuera declarado fallido por problemas de conexión con los detenidos, el juez Harry Navarrete instaló la audiencia de formulación de cargos la noche del 22 de octubre, diligencia en la que la Fiscalía vinculó a González, Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre para determinar las responsabilidades penales en el proceso judicial.
