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Gobierno y UAFE revelan detalles del caso Laberinto y señalan presuntos fondos de Venezuela e irregularidades

Declaraciones oficiales apuntan al rastreo de $500.000 en efectivo destinados a la campaña presidencial de 2023 y a transferencias no justificadas.

Escrito por Abel Cano

octubre 23, 2026 | 09:10 ECT

En una difusión oficial emitida este viernes 23 de octubre de 2026, el secretario general de la Administración Pública y Gabinete, José Julio Neira, y la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Ana Paula Patiño, expusieron los pilares técnicos y las hipótesis que sustentan la investigación penal por presunto lavado de activos en el denominado caso Laberinto. Un día después de la detención de la excandidata presidencial Luisa González, Neira enfatizó que las pesquisas buscan transparentar el origen y destino de al menos $500.000 destinados al financiamiento de la campaña de 2023 del binomio de la Revolución Ciudadana, señalando que la hipótesis de la Fiscalía apunta al ingreso de dinero en efectivo procedente de Venezuela e involucra la revisión de conversaciones donde se sugería destinar fondos no bancarizados a brigadistas y propaganda.

Por su parte, la titular de la UAFE detalló que los análisis financieros practicados entre 2020 y 2026 identificaron operaciones inusuales e injustificadas en el entorno económico de González por más de $400.000, de los cuales el 80 % fue bancarizado en un periodo de apenas dos meses a través de depósitos en efectivo y transferencias ordenadas por ciudadanos venezolanos y colombianos sin relación comercial ni laboral. Patiño argumentó que dichos perfiles transaccionales no guardaban coherencia con la capacidad económica de los ordenantes, añadiendo que el esquema incluyó intermediación financiera intrafamiliar, compras de inmuebles al contado e inconsistencias en montos facturados frente al flujo real de dinero en el sistema bancario.

Paralelamente, las autoridades indicaron que el proceso investiga ramificaciones vinculadas a estructuras societarias de terceros, posibles cobros de diezmos a miembros del movimiento, coimas a proveedores e hipótesis sobre nexos con el narcotráfico. Mientras los detalles financieros se hacían públicos, en el ámbito judicial continuaba el desarrollo de la audiencia de formulación de cargos contra Luisa González, Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre, con la excandidata compareciendo de manera telemática desde el cuartel Modelo en el norte de Guayaquil.

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