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Analistas señalan fragmentación y baja capacidad de movilización en la Revolución Ciudadana ante líos judiciales de sus figuras

El movimiento político enfrenta el desgaste de sus liderazgos y la suspensión del TCE a pocos meses de los comicios locales.

Escrito por Abel Cano

noviembre 2, 2026 | 07:33 ECT

A casi 19 años de su origen como fuerza política, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) atraviesa una etapa de dispersión organizativa y debilitamiento en su capacidad de convocatoria social. La agrupación enfrenta una serie de investigaciones judiciales por presuntos actos de corrupción contra varias de sus figuras clave, entre ellas su dos veces candidata presidencial Luisa González, procesada por supuesto lavado de activos y bajo prisión preventiva. Aunque la dirigencia califica estas acciones como una persecución política previa a los comicios locales fijados para el 29 de noviembre, las manifestaciones de apoyo hacia sus líderes procesados han resultado acotadas tanto en las calles como en el ámbito parlamentario.

Especialistas en la materia atribuyen este fenómeno a múltiples factores que han mermado la cohesión de la bancada. El analista y docente universitario Cristian Carpio señala que la RC ha pasado de ser una fuerza coordinada a una oposición fragmentada que ha perdido presencia territorial e impacto de movilización, desgastada tras sucesivas derrotas electorales y fricciones internas. A esto se suma el distanciamiento respecto a autoridades locales afines envueltas en investigaciones, así como la reciente suspensión por nueve meses dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) debido a un proceso por presunta financiación irregular, medida que inhabilita a la organización para participar en la contienda electoral venidera.

Por su parte, analistas como Alfredo Espinosa y André Santos coinciden en que la ciudadanía y las propias bases del movimiento muestran cautela frente a la contundencia de los elementos presentados en los casos judiciales. Espinosa destaca que la desmovilización social responde a la falta de figuras unitarias con arraigo popular, aunque no descarta que el descontento ciudadano pueda manifestarse a través del sufragio en las urnas. Santos concluye que la acumulación de procesos contra exfuncionarios disuade a los nuevos cuadros que buscan proyectar una carrera política, debilitando progresivamente el relato de persecución sostenido por la cúpula directiva.

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