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Informe preliminar revela presunta red de corrupción e irregularidades en la ATM de Guayaquil

La investigación vincula a allegados del alcalde y a funcionarios en supuestos actos de financiamiento ilícito y cobros irregulares.

Escrito por Abel Cano

noviembre 3, 2026 | 08:58 ECT

Un informe de investigación preliminar reveló una presunta red de corrupción al interior de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM), que estaría involucrando a funcionarios municipales y a allegados del alcalde Aquiles Alvarez, entre ellos su primo David Alvarez y su abogado Armando Ortega. Las indagaciones, que motivaron allanamientos por parte de la Fiscalía General y la Policía Nacional el pasado 30 de octubre de 2026 en dependencias del cabildo, apuntan a presuntos delitos de peculado y desvío de recursos públicos.

Entre las irregularidades detalladas en el documento consta la exigencia de aportes económicos de 250 dólares a directivos de la entidad para financiar la campaña electoral de Fiorella Ycaza, esposa del alcalde y candidata a la Alcaldía. Asimismo, el informe señala anomalías en el pago de compensaciones al transporte público —donde se habrían pagado subsidios a unidades inactivas a cambio de porcentajes de retribución—, la aprobación irregular de revisiones vehiculares, la emisión de permisos de circulación provisionales sin sustento legal para transporte escolar y la contratación de “personal fantasma” dedicado a labores de cobro a transportistas.

La estructura indagada habría operado bajo directrices emitidas desde prisión por el propio alcalde Alvarez, quien se encuentra recluido en el Centro de Privación de Libertad El Encuentro, en Santa Elena, tras recibir sentencia en primera instancia por el denominado caso Triple A sobre comercialización ilegal de combustibles. Mientras la justicia avanza en los procesos por desacato y lavado de activos vinculados al burgomaestre, las autoridades continúan con el análisis de los indicios recabados en la ATM para determinar las responsabilidades penales e institucionales de los implicados.

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