La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, emitió una acusación formal el 24 de septiembre de 2026 en la que vincula a cinco organizaciones criminales con un entramado de narcotráfico atribuido a los ecuatorianos Jaime Estrada Bonilla, Jaime Estrada Medranda, Jacobo Bucaram Pulley, Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López, alias Cachete. Las bandas señaladas en el escrito son Los Choneros, Los Lobos, el grupo disidente colombiano Comandos de la Frontera (CDF), el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Todos los procesados enfrentan cargos por conspiración para la importación de narcóticos, así como por posesión y conspiración para poseer ametralladoras dentro de una red que operaba a través de una compañía de exportación de mariscos radicada cerca de Manta.
Según el documento judicial, no todas las agrupaciones delictivas cumplieron la misma función dentro de la estructura investigada. Los Choneros es la banda a la que se atribuye el rol de brindar protección y seguridad armada para las operaciones ilícitas de la empresa propiedad de los Estrada. Por su parte, el grupo Comandos de la Frontera, integrado por disidentes de las FARC en la región del Putumayo, aparece identificado como el proveedor original de gran parte de la cocaína que la red buscaba enviar al exterior. En el caso de Los Lobos, la Fiscalía norteamericana señala que los acusados conspiraron con sus líderes para resguardar los cargamentos, mientras que los cárteles mexicanos de Sinaloa y CJNG figuran citados de forma indirecta como aliados estratégicos de las bandas ecuatorianas en las rutas internacionales.
El esquema operativo se centraba en la Compañía 1, una firma exportadora utilizada para camuflar grandes cargamentos de droga en contenedores de mariscos que partían desde los puertos de Manta y Guayaquil con destino a Estados Unidos, México y Europa. El mecanismo exigía a los compradores hacer pedidos legítimos de mariscos para luego contaminar los contenedores, cobrando a cambio comisiones fijas de cientos de miles de dólares por envío. Para gestionar estas operaciones y reducir su exposición, los propietarios de la empresa se apoyaban en Bucaram Pulley, calificado en el expediente como traficante de armas y drogas, y en los intermediarios Fernández y Briones. La acusación resalta cómo las organizaciones criminales han aprovechado la ubicación estratégica de Ecuador para transitar aproximadamente el 70 % de la cocaína producida en Colombia y Perú.
