El expresidente colombiano Gustavo Petro enfrenta una tormenta política y judicial tras las declaraciones de Deicy Jiménez, una mujer que afirmó en entrevista con la Revista Semana haber obtenido diez contratos con entidades estatales entre 2021 y 2026 —por un valor superior a los 126 millones de pesos colombianos— luego de iniciar una relación sentimental con él tras conocerse en una plataforma de modelaje webcam. Jiménez sostuvo ante la periodista Vicky Dávila que existía una red de entre 30 y 40 mujeres beneficiadas con puestos públicos a cambio de asistir a encuentros íntimos, difundiendo posteriormente grabaciones de video y una supuesta videollamada para respaldar su vínculo personal con el exmandatario, aunque hasta el momento no se han presentado testimonios de otras involucradas que confirmen dicha estructura.
Por su parte, Petro rechazó categóricamente haber intercambiado contratación pública por favores sexuales y pidió respeto por su intimidad, asegurando en su cuenta de X que las grabaciones difundidas corresponden a episodios ocurridos hace aproximadamente ocho años, antes de llegar a la Presidencia. El exgobernante y su movimiento político, el Pacto Histórico, atribuyen la controversia a un presunto montaje impulsado por el actual gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ríos —quien denunció en el Congreso la supuesta instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios—, motivo por el cual la defensa de Petro denunció al funcionario ante la Fiscalía por fabricar testimonios en su contra.
Mientras la exsenadora María José Pizarro reconoció que Jiménez laboró en el Senado durante su vicepresidencia negando cualquier intercambio de favores, las autoridades judiciales avanzan en diversas diligencias para esclarecer las posibles implicaciones penales y disciplinarias. La Fiscalía realizó una inspección forense al teléfono celular entregado por Jiménez y la citó a declarar, al tiempo que la Corte Suprema de Justicia ordenó revisar sus contratos en el Legislativo, la Procuraduría abrió indagaciones y dos congresistas del partido de gobierno Salvación Nacional presentaron una denuncia ante la Comisión de Acusaciones por presunta indignidad por mala conducta.
