El caso Laberinto, en el que son procesadas por lavado de activos la excandidata presidencial de Revolución Ciudadana (RC) Luisa González, Wendy Onofre, Santiago Díaz y Estefanía Molina, se suma a las investigaciones de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades para financiar actividades políticas del movimiento. La indagación abarca de mayo a octubre de 2023 y apunta a un supuesto esquema paralelo vinculado a Ternape Petroleum S. A., empresa ligada al entorno del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, tras una denuncia del Consejo Nacional Electoral por inconsistencias en las cuentas de la campaña de González y Andrés Arauz.
Según el testimonio del excolaborador de Alvarez y testigo protegido José Ricardo Cevallos, así como pericias a dispositivos incautados, se habrían empleado transferencias desde Ternape y cheques al portador para cubrir gastos electorales en ambas vueltas de 2023 por un total de 725.933 dólares. Este proceso corre de forma paralela a Caja Chica, una investigación previa reservada iniciada en enero último sobre el presunto ingreso en efectivo de dinero ilícito desde Venezuela para esa misma campaña, y tiene como antecedente judicial el caso Sobornos 2012-2016, en el que la justicia sentenció a exfuncionarios y empresarios por cohecho agravado para financiar a Alianza PAIS a cambio de contratos estatales.
Actualmente, González, Onofre y Díaz cumplen prisión preventiva desde el 23 de octubre, cuando comenzó la instrucción fiscal, mientras Molina tiene presentación periódica y Alvarez enfrenta otros procesos como el caso Triple A y el caso Goleada. En tanto, la Fiscalía continúa analizando los distintos expedientes abiertos en torno al origen de los recursos políticos y sus eventuales responsabilidades penales.








