El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) recomendó el 10 de junio de 2025 declarar desiertos cuatro procesos de subasta inversa de la Empresa Pública Municipal Segura EP en Guayaquil, tras detectar prácticas restrictivas que limitan la participación de oferentes y vulneran principios de contratación pública. Los contratos, valorados en $55 millones por 25 meses, buscaban implementar un modelo de seguridad con drones, camionetas y guardias armados para las zonas 1, 2, 3 y 4 de la ciudad. Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, rechazó la decisión, asegurando que los procesos cuentan con informes de pertinencia de la Contraloría General del Estado y acusando al SERCOP de retrasar la seguridad ciudadana.
La controversia surge en medio de una crisis de inseguridad en Guayaquil, con 10 asesinatos el 10 de junio, incluyendo masacres en Pascuales y Peca. Cornejo defendió que el plan, parte de una inversión de $85 millones en 2025, ha recuperado 911 vehículos robados y atendido 6.000 solicitudes policiales, pero está detenido por la suspensión del SERCOP. Janina Zapata, residente de Mucho Lote 1, expresó frustración: “¿El presupuesto para la seguridad no llegará? Las autoridades deben trabajar de la mano”. El SERCOP insiste en que las irregularidades comprometen la transparencia, mientras Cornejo anunció que presentarán nuevamente los procesos, exigiendo celeridad.
El enfrentamiento entre instituciones profundiza la vulnerabilidad de Guayaquil, donde el estado de excepción vigente hasta julio no ha frenado la violencia. La Alcaldía, liderada por Aquiles Alvarez, ha destinado recursos de Segura EP y la ATM a las Fuerzas Armadas, pero la falta de avances en los contratos agrava la percepción de desamparo en una ciudad golpeada por el crimen organizado.
