La Asamblea Nacional sesiona este lunes 8 de junio de 2026 para el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), un cuerpo legal cuya reestructuración ha sido fijada como prioridad por el presidente del Parlamento, Niels Olsen, para este nuevo año legislativo. El documento, aprobado previamente por la Comisión de Justicia, plantea modificaciones profundas en delitos de alto impacto como secuestro extorsivo, pertenencia a grupos subversivos armados, peculado, aborto y coerción al elector, encendiendo un marcado debate político entre las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y de la Revolución Ciudadana (RC).
Desde las filas del oficialismo, los legisladores defienden la urgencia de actualizar la normativa penal argumentando que las modalidades de la delincuencia organizada han mutado sustancialmente. Esteban Torres, jefe de la bancada de ADN, destacó que la propuesta condensa una gran cantidad de iniciativas orientadas a robustecer la seguridad ciudadana. Asimismo, su coideario Francisco Cevallos enfatizó la necesidad de dotar al Estado de mejores herramientas legales frente a flagelos actuales como las extorsiones digitales, los crímenes coordinados desde los centros carcelarios y el contrabando de armas, explosivos y drones a las prisiones, con el objetivo de eliminar los vacíos jurídicos que facilitan la impunidad.
Por el contrario, la Revolución Ciudadana mantiene una postura sumamente escéptica frente a la utilidad real y el trasfondo político de estas reformas. La asambleísta Gabriela Molina justificó la pertinencia de ciertos cambios técnicos introducidos —tales como el desglose del delito de peculado, el aumento de penas en extorsiones y la adecuación del aborto por violación bajo los parámetros de la Corte Constitucional—, pero lamentó que se excluyeran figuras clave como la violencia vicaria y el feminicidio. Molina advirtió que el Gobierno está sobreestimando y sobrevendiendo el verdadero alcance que tendrá la reforma legal en la vida cotidiana de los ecuatorianos.
La crítica correísta escaló a un plano de confrontación directa con las declaraciones del legislador Christian Hernández, quien acusó al Ejecutivo de sostener un discurso falso en materia de seguridad. Hernández recordó que, pese a haber ganado la consulta popular y haber obtenido incrementos de penas y el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los índices delictivos no han dado tregua en el país. El parlamentario de la RC concluyó señalando que el texto legal terminará siendo “letra muerta en el papel” y cuestionó la legitimidad del régimen para liderar reformas de integridad y justicia penal, aludiendo a los recientes cuestionamientos públicos derivados de tramas como el caso Progen.
