La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reportó que 427 personas han fallecido en custodia estatal desde el inicio del régimen de excepción en El Salvador, decretado en marzo de 2022 para combatir pandillas. Según SJH, el 94% de los fallecidos no eran pandilleros y estaban procesados sin condena, alertando que el número real podría superar los 1.000, ocultado por juicios masivos.
El régimen, extendido 40 veces por el Congreso tras una ola de homicidios, ha resultado en 87.100 detenciones, incluyendo 8.000 personas reconocidas como inocentes por el Gobierno. Organizaciones humanitarias han registrado más de 6.400 denuncias por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones temporales, señalando graves violaciones al debido proceso.
Una reforma penal de 2023 permite juicios masivos por grupo de pandilla, eliminando procesos individuales, lo que organizaciones de derechos humanos critican por vulnerar el derecho a un juicio justo. Hasta ahora, no se han emitido sentencias bajo este procedimiento, que perpetúa la falta de transparencia y justicia.
SJH y otras organizaciones denuncian que el régimen, mantenido por más de tres años, se usa como herramienta de control social y persecución de críticos al Gobierno de Nayib Bukele, agravando la crisis de derechos humanos en el país.
