Organizaciones de la sociedad civil en Ecuador han manifestado su profunda preocupación ante una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal que busca modificar las sanciones por expresiones de descrédito o deshonra. Aunque la iniciativa del oficialismo se presenta como un fortalecimiento a la protección de la libertad de expresión, entidades como Fundamedios sostienen que añadir incisos interpretativos resulta redundante y peligroso. Argumentan que la reforma mantiene abierta la vía penal para procesar discursos críticos, lo que podría profundizar la criminalización del trabajo periodístico y de las opiniones sobre asuntos de interés público.
El debate se centra en que, bajo estándares internacionales, los funcionarios públicos deben tener un mayor umbral de tolerancia frente al escrutinio ciudadano debido a su rol en la administración del Estado. Los especialistas advierten que el uso del sistema de justicia para castigar la crítica genera un “efecto inhibitorio” que promueve la autocensura y debilita la deliberación democrática. En lugar de sofisticar el marco punitivo, las organizaciones exigen reducir la intervención penal al mínimo necesario, garantizando que el debate sobre la gestión pública no sea utilizado como una herramienta de persecución judicial o censura estratégica.
