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mayo 19, 2026 | Actualizado ECT
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Álex Saab comparece ante una corte de EE. UU. acusado de lavar dinero desviado de programas alimentarios de Venezuela

El exministro venezolano enfrenta hasta 20 años de prisión federal por una trama de corrupción vinculada a los CLAP y a operaciones petroleras fraudulentas.

Escrito por Abel Cano

mayo 19, 2026 | 10:36 ECT

Álex Nain Saab Morán, exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela y aliado del Gobierno de Nicolás Maduro, compareció este lunes ante una corte federal de Estados Unidos tras la apertura de una acusación formal por el presunto delito de conspiración para lavar instrumentos monetarios. De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia estadounidense, Saab está acusado de participar en una red que desvió cientos de millones de dólares del programa estatal Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), el cual estaba destinado a distribuir alimentos a la población venezolana en situación de vulnerabilidad.

La investigación detalla que el esquema delictivo incluía el soborno a funcionarios venezolanos para la adjudicación de contratos lucrativos de suministros, utilizando posteriormente empresas fantasma, facturas fraudulentas y registros de envío falsificados para apropiarse de los fondos públicos. Según las autoridades norteamericanas, el dinero robado al programa de alimentación fue transferido y ocultado a través del sistema bancario de Estados Unidos. La División Criminal del Departamento de Justicia enfatizó que los recursos que debían paliar el hambre de los ciudadanos más necesitados terminaron en cuentas vinculadas a territorio estadounidense.

El expediente judicial también señala que, entre 2019 y enero de 2026, la presunta red delictiva expandió sus operaciones hacia el sector energético para evadir el impacto de las sanciones económicas que pesan sobre el país caribeño. Saab y sus colaboradores habrían accedido a miles de millones de dólares en crudo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para comercializarlos mediante maniobras fraudulentas, canalizando las ganancias por la banca estadounidense para sostener el fraude original de los CLAP. El proceso, liderado por la división de la DEA en Miami con apoyo del FBI y el HSI, contempla una pena máxima de hasta 20 años de cárcel en caso de que el acusado —quien mantiene su presunción de inocencia— sea declarado culpable.

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