El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional avanzó al segundo debate en la Asamblea Nacional, con el objetivo primordial de evitar el uso indebido de recursos legales y brindar mayor celeridad al sistema judicial. Entre los cambios más significativos, la propuesta establece reglas claras de competencia, obligando a que las acciones de protección se presenten en la jurisdicción donde se originó el acto u omisión, evitando así que los abogados recorran distintas localidades del país buscando fallos favorables. Además, se fija un plazo de 45 días para que la Corte Constitucional resuelva consultas de norma, fortaleciendo la seguridad jurídica en el país.
La reforma introduce definiciones estrictas sobre el “abuso del derecho”, permitiendo sancionar a quienes interpongan garantías simultáneas o sucesivas por un mismo hecho. También se faculta a los jueces superiores para declarar dolo o negligencia manifiesta cuando un juzgador desnaturalice el objeto de la justicia constitucional. En el ámbito de la reparación integral, la normativa permitirá la modulación de sentencias para evitar enriquecimientos injustificados o perjuicios graves al Estado, especialmente en la entrega de recursos públicos. Asimismo, se incorporan criterios específicos para el habeas corpus y la acción extraordinaria de protección, buscando que los procesos sean más técnicos y menos vulnerables a la manipulación política o administrativa.
