La Asamblea Nacional recibió formalmente un nuevo proyecto de ley antimafia diseñado para robustecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado. La iniciativa, impulsada por la vicepresidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, y construida con la asesoría técnica del Gobierno de Italia, plantea reformas estructurales al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y al Código Orgánico de la Función Judicial. El presidente del Parlamento, Niels Olsen, aseguró que el trámite de esta norma será prioritario y con sentido de urgencia dentro de la agenda legislativa, procediendo de inmediato a remitirla al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su calificación y distribución a una comisión especializada.
La propuesta legal se articula en seis ejes fundamentales y parte de la premisa de que la lucha contra la delincuencia debe golpear a toda la red operativa y no solo a quienes ejecutan materialmente los delitos, permitiendo la persecución penal de colaboradores como transportistas, custodios de armas, informantes y cobradores de extorsiones. Asimismo, el proyecto introduce una mayor exigencia de responsabilidad para los jueces que decidan sobre prisiones preventivas o medidas sustitutivas en casos de delincuencia organizada. En el ámbito patrimonial, el ministro del Interior, John Reimberg, destacó que la ley facilitará que los bienes incautados pasen a manos de la sociedad para cumplir una función social, evitando que el Estado asuma altos costos de mantenimiento y custodia.
Una de las reformas más drásticas de este proyecto de ley apunta al ejercicio profesional de la abogacía. La normativa establece la inhabilitación profesional, por el mismo tiempo que dure la pena privativa de libertad, para los abogados que sean condenados con sentencia ejecutoriada por delitos como delincuencia organizada, lavado de activos, cohecho o fraude procesal, siempre que hayan usado su profesión para instrumentalizar la justicia o favorecer a las bandas delictivas. Al respecto, el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, ratificó el apoyo de su nación al combate de esta amenaza global, comparando el accionar de las mafias con una forma de guerra que exige la alianza firme de las instituciones y las naciones.
