El Comité de Ética de la Asamblea Nacional no ha recibido denuncias por gestión de cargos públicos, práctica prohibida por el artículo 127 de la Constitución, pese a que el presidente Niels Olsen reveló el 18 de julio de 2025 que 40 personas vinculadas a asambleístas de ADN, Revolución Ciudadana y PSC fueron contratadas, aunque ya desvinculadas.
Diana Jácome (ADN) defendió la reforma al reglamento de Talento Humano impulsada por Olsen, que cerró vacíos legales que permitían a asambleístas gestionar empleos para familiares. Señaló que los 40 funcionarios renunciaron tras la corrección, pero evitó respaldar sanciones, argumentando que la norma lo permitía antes.
Adrián Castro (ADN) apoyó la reforma y anunció un código de ética para su bancada, instando a que otras lo adopten. Aunque defendió investigar cada caso, insistió en que la Asamblea no es fiscalía ni juez, y que los responsables deben responder ante la ley.
Alfredo Serrano (PSC) criticó a Olsen por no revelar los nombres de los asambleístas implicados, exigiendo transparencia y una denuncia en la Fiscalía por tráfico de influencias y posible perjurio. Consideró que ocultar los nombres no justifica reserva, salvo en casos de seguridad nacional o víctimas específicas.
La falta de denuncias ante el Comité de Ética y la renuencia a señalar responsables reflejan tensiones en la Asamblea, mientras la reforma al reglamento busca prevenir futuros casos de nepotismo, en medio de críticas ciudadanas por falta de frontalidad.
