El ataque armado registrado la tarde del miércoles en los exteriores del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil responde, según las primeras indagaciones oficiales, a una disputa territorial entre Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) con operaciones en el cantón El Triunfo. El atentado dejó como saldo un muerto y una persona herida de gravedad. La víctima mortal fue identificada como Carlos Alberto Suástegui Villanueva, de 39 años, a quien el ministro del Interior, John Reimberg, señaló como un presunto cabecilla de la banda de Los Águilas y un objetivo criminal de alta prioridad para el Estado.
El comandante de la Zona 8, general Walter Villarroel, explicó este jueves que los victimarios habrían aprovechado el retorno de Suástegui Villanueva de un viaje para interceptarlo en la terminal aérea. Tras la ráfaga de disparos, los familiares de la víctima lo trasladaron por sus propios medios a una casa de salud cercana, donde los galenos únicamente pudieron confirmar que ya no registraba signos vitales. En tanto, la segunda persona afectada por los impactos de bala fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia y permanece hospitalizada bajo pronóstico reservado.
Avances investigativos y captura de implicados
La Policía Nacional desplegó equipos especializados en Guayaquil y El Triunfo para recabar indicios bajo las siguientes líneas de acción:
- Aislamiento de menores: Dos adolescentes presuntamente involucrados en la ejecución material del crimen fueron interceptados por las unidades policiales y puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.
- Evidencias decomisadas: El cuerpo del orden confirmó que ya se encuentran en custodia las armas de fuego utilizadas durante la balacera, las cuales serán sometidas a peritajes de balística forense.
- Rastreo logístico: Los agentes de inteligencia e investigación civil siguen la pista de un vehículo sospechoso que habría sido empleado por los atacantes para facilitar su huida de la escena.
Ante el contexto de la detención de los implicados, el general Villarroel cuestionó el uso recurrente de menores de edad por parte de las mafias organizadas, argumentando que las estructuras delictivas buscan beneficiarse de la atenuación de penas contemplada en la legislación penal vigente para este grupo etario.
