El Gobierno de Canadá oficializó la entrada en vigor de una serie de aranceles de represalia sobre importaciones procedentes de Estados Unidos por un valor estimado en 27.600 millones de dólares canadienses (aproximadamente 20.000 millones de dólares estadounidenses). Las tarifas, que varían entre el 15% y el 50%, gravan a cientos de artículos entre los que destacan el acero, aluminio, productos lácteos, madera de coníferas, electrodomésticos y cosméticos. La decisión adoptada por la administración del primer ministro Mark Carney busca equiparar “dólar por dólar” las restricciones del 50 % aplicadas previamente por la Casa Blanca a exportaciones canadienses.
La aplicación de estos gravámenes se produce en un escenario de parálisis diplomática, sin que se hayan registrado conversaciones formales para frenar la escalada desde la suspensión de las negociaciones el pasado 21 de agosto. Pese a reconocer que la medida generará presiones inflacionarias y limitará la oferta para los consumidores locales, el Ejecutivo canadiense sostuvo que la respuesta es imprescindible para resguardar la soberanía económica. Paralelamente, Ottawa dispuso un fondo de asistencia financiera de 7.500 millones de dólares canadienses para mitigar el impacto productivo sobre las empresas y trabajadores afectados por el conflicto bilateral.
El deterioro de la relación comercial coincide con recientes advertencias del presidente Donald Trump dirigidas hacia la firma aeronáutica canadiense Bombardier, condicionando el acceso de sus aeronaves al mercado estadounidense a la reubicación de sus plantas de ensamblaje en territorio norteamericano. No obstante, las autoridades canadienses supeditaron el retorno a las mesas de diálogo a que la administración estadounidense adopte una postura formal de negociación y deje de lado las descalificaciones públicas.
