La presunta red de corrupción investigada dentro del caso Digitador habría extendido sus operaciones a once cantones de Manabí, según el expediente de la Fiscalía General del Estado. Aunque la investigación identifica a Jipijapa y Bolívar (Calceta) como los principales centros de operación, las interceptaciones telefónicas y los informes de inteligencia revelan que la estructura también gestionó trámites irregulares en Rocafuerte, Flavio Alfaro, Portoviejo, Junín, Puerto López, Chone, Montecristi, San Vicente y Manta. En este caso está detenida y siendo investigada la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, junto con otros funcionarios de tránsito, digitadores, evaluadores técnicos y tramitadores externos.
El expediente judicial sostiene que la organización aprovechó la interconectividad del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para iniciar trámites de matriculación, revisiones técnicas vehiculares y emisión de licencias en un cantón, y concluirlos de forma irregular en otro. Para evitar ser detectados por auditorías, los implicados utilizaban conexiones remotas y un lenguaje en clave con términos como “pollitos”, “gallos” y “granjas” para referirse a los procesos y agencias cooptadas. La investigación comenzó tras una denuncia en julio de 2025 que alertaba sobre la manipulación del sistema, y durante la audiencia, el Ministerio Público expuso como hipótesis que la red estaría presuntamente vinculada con el grupo de delincuencia organizada Los Choneros. El proceso penal continúa en etapa de instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada.
