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Caso Goleada permanece paralizado mientras el alcalde Aquiles Alvarez acumula dos sentencias

Diferimientos, nulidades de audiencias y la inmunidad de candidatos seccionales mantienen estancado el proceso por presunto lavado de activos.

Escrito por Abel Cano

septiembre 2, 2026 | 09:00 ECT

El proceso penal denominado caso Goleada, que investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, a su entorno familiar y a varias empresas por presunto lavado de activos, se encuentra estancado en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. El burgomaestre, quien permanece recluido en la Cárcel del Encuentro en Santa Elena, ya acumula dos sentencias de primera instancia: una de tres años de prisión por el caso Grillete —dictada el 3 de agosto— y otra de seis años y ocho meses por la causa Triple A, emitida el 29 de agosto. Pese a estas condenas, el avance de Goleada sigue trabado en la Corte debido a múltiples diferimientos, la suspensión del juez titular Jairo García y decisiones del magistrado encargado Sebastián Cornejo, quien declaró la nulidad de varias convocatorias pasadas.

La causa abarca a 26 procesados, entre ellos 17 personas naturales —como los hermanos del alcalde, su madre, su esposa Fiorella Ycaza y el asambleísta Raúl Chávez— y nueve personas jurídicas. La Fiscalía sostiene que la estructura empresarial utilizó la comercialización irregular de combustibles para blanquear capitales. No obstante, la audiencia preparatoria ha sido suspendida en al menos cuatro ocasiones desde julio por recusaciones, cruce de diligencias, faltas de abogados y notificaciones de candidaturas electorales. Entre los inscritos para las elecciones seccionales figura la esposa del alcalde, cuya candidatura en firme a la Alcaldía de Guayaquil por el PSE le otorga inmunidad procesal durante la contienda.

El magistrado Cornejo dejó sin efecto las últimas convocatorias de agosto sin fijar aún un nuevo calendario para retomar la diligencia, dejando en el aire los alegatos de las defensas que solicitan la nulidad del proceso por supuestas caducidades en los plazos de la instrucción fiscal. Con ello, la resolución sobre si Alvarez y sus allegados serán llamados a juicio o sobreseídos permanece sin fecha clara, mientras el sistema judicial busca reestructurar el trámite de la causa.

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