El pleno de la Corte Nacional de Justicia aprobó una resolución general y obligatoria orientada a definir los alcances, límites y la naturaleza jurídica de los exámenes de confianza dentro de la Función Judicial. Durante la sesión desarrollada la noche de este martes 19 de mayo de 2026, el documento obtuvo el respaldo de trece magistrados y el voto en contra de dos. La deliberación partió de una solicitud formal remitida por el Consejo de la Judicatura el pasado 7 de mayo, fundamentada en el Código Orgánico de la Función Judicial, que exige a todo profesional del sector poseer una trayectoria ética irreprochable y aprobar las evaluaciones que reglamente el órgano de gobierno de la judicatura.
Aunque el proyecto original estructuraba la norma en cinco artículos específicos enfocados en la definición, alcance y vigencia de las evaluaciones, los jueces nacionales incorporaron modificaciones sustanciales antes de la votación final. Las observaciones aprobadas por el pleno apuntan a regular la metodología de las pruebas, transparentar las declaraciones juramentadas y garantizar el derecho de impugnación o revisión de los postulantes. Asimismo, el cuerpo de magistrados enfatizó límites estrictos para precautelar los derechos individuales de quienes integran o buscan ingresar a la carrera judicial, prohibiendo de forma expresa cualquier tipo de interrogatorio relacionado con la vida íntima, creencias religiosas, orientación sexual o filiación política de los evaluados.
