A este 2 de junio de 2026, la comisión ciudadana encargada de seleccionar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado lleva 131 días en funciones sin lograr concluir el concurso público de méritos, oposición e impugnación. Este periodo, equivalente a cuatro meses y once días desde su posesión el 22 de enero, supera el lapso fijo de cuatro meses establecido en el artículo 75 del reglamento de comisiones ciudadanas para ejecutar la totalidad del proceso. Pese a que la normativa prevé una prórroga extraordinaria de hasta dos meses bajo resolución motivada del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el concurso aún tiene pendiente completar cuatro de sus fases principales.
El retraso contradice las proyecciones iniciales del presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, quien en 2025 defendió las reformas reglamentarias como un mecanismo con límites de tiempo estrictos para evitar que las designaciones se extendieran por años. No obstante, las demoras se oficializaron luego de que el propio pleno del CPCCS acogiera un pedido de la comisión para modificar el cómputo de los plazos, disponiendo que los cuatro meses corrieran a partir de la publicación de la convocatoria en cadena nacional, realizada el 13 de febrero de 2026. Bajo este ajuste interpretativo, el cronograma extendido vencería el próximo 19 de junio, fecha límite para finalizar el proceso o solicitar la ampliación de funciones.
Actualmente, el concurso se encuentra estancado en la fase de méritos, donde se puntúa la trayectoria de 28 postulantes sobre un máximo de 50 puntos. Tras resolver las solicitudes de recalificación, la comisión debe emitir el informe final de esta etapa para dar paso a la impugnación ciudadana y, posteriormente, a la prueba oral y escrita de conocimientos que definirá al reemplazo de Diana Salazar, cuyo periodo concluyó en abril de 2025. Este escenario de ralentización institucional no es aislado, pues el CPCCS mantiene paralizados otros procesos de selección prioritarios como la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), pendiente desde 2021, así como los concursos para la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
