La Asamblea Nacional, a través de su Comisión de Desarrollo Económico, ha formalizado el inicio de un proceso de control político sobre la Corporación Nacional de Electricidad. Esta medida responde a las recientes intervenciones gubernamentales que exponen una estructura de corrupción arraigada en la institución por más de una década. La bancada oficialista impulsa esta fiscalización para identificar a los responsables de un desvío de fondos públicos que asciende a 300 millones de dólares. El procedimiento incluirá la solicitud de informes técnicos detallados y el análisis de la gestión administrativa en las zonas de distribución eléctrica de la región litoral.
El plan de trabajo aprobado contempla la comparecencia obligatoria de las autoridades vinculadas al sector energético y a la administración de la empresa pública. Los legisladores buscan esclarecer cómo operó este esquema organizado y determinar el alcance del daño patrimonial causado al Estado ecuatoriano. Este escrutinio parlamentario coincide con un periodo de alta sensibilidad social debido a las constantes quejas ciudadanas por irregularidades en la facturación del servicio eléctrico. Los resultados de las auditorías y testimonios recogidos durante las próximas semanas serán fundamentales para establecer las sanciones políticas y legales pertinentes ante el organismo legislativo.
