El proceso para elegir a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado atraviesa una etapa crítica en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Actualmente, nueve de los diez comisionados califican las hojas de vida de los candidatos en una sesión permanente, pese a la ausencia de los delegados de la Corte Nacional de Justicia, quienes renunciaron al inicio del certamen. Aunque el presidente de la Corte, Marco Rodríguez, ya nominó a los reemplazos el pasado 19 de marzo, el CPCCS aún no concreta su incorporación, manteniendo en incertidumbre si los postulantes superaron la fase de admisibilidad.
A la falta de quórum completo se suman fuertes tensiones internas y externas sobre la transparencia del concurso. Miembros de la veeduría ciudadana y grupos de la sociedad civil han expresado alertas por el sorteo de expedientes, cuestionando que perfiles de candidatos con vínculos gubernamentales o institucionales sean calificados por comisionados específicos. Estas dudas han provocado altercados entre veedores y comisionados, resultando en advertencias de sanciones disciplinarias para quienes realicen críticas verbales sin sustento documental durante las sesiones de trabajo.
Por otro lado, el proceso enfrenta el escrutinio de la Asamblea Nacional, donde se investiga la idoneidad de algunas comisionadas encargadas de la puntuación. El legislador Luis Molina ha solicitado información sobre la validez de los certificados académicos presentados por integrantes de la comisión, bajo sospechas de irregularidades en la obtención de puntos. Con un plazo que vence el 6 de mayo para entregar las calificaciones, la comisión intenta evacuar las dudas reglamentarias sobre la trayectoria profesional de los aspirantes en un ambiente marcado por la fiscalización y los reclamos administrativos.
