El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, anunció el 25 de junio de 2025 ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que existen condiciones para declarar en emergencia a la Función Judicial, citando décadas de abandono, corrupción sistémica y un déficit de $205 millones. Actualmente, hay 1,826 jueces frente a un ideal de 2,452, lo que limita infraestructura y recursos.
La Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio, permite a Godoy declarar la emergencia, evaluar anticipadamente a jueces y fiscales, y realizar contrataciones rápidas. Sin embargo, juristas como José Luis Ortega, Gonzalo Muñoz y Jorge Peñafiel advierten que esta medida podría tener fines políticos, como nombrar jueces afines o realizar evaluaciones selectivas, atentando contra la independencia judicial.
Ortega reconoce una crisis grave, pero no una emergencia que justifique procesos expeditos, proponiendo soluciones administrativas y económicas. Muñoz critica la falta de parámetros en las evaluaciones anticipadas y el riesgo de jueces temporales, mientras Peñafiel acusa al Consejo de no cumplir su rol disciplinario, sugiriendo que la emergencia busca instalar jueces políticamente conectados.
Godoy destacó la infiltración de redes criminales en el sistema judicial, pero Peñafiel cuestiona su imparcialidad, recordando un juicio político no procesado contra él por presuntos vínculos políticos.
La posible declaratoria de emergencia genera debate entre la necesidad de reformas profundas y el riesgo de politización, en un contexto de inseguridad y cuestionamientos a la gestión judicial.
