El Pleno del Consejo de la Judicatura conocerá este lunes 13 de julio un informe integral sobre el estado situacional de las judicaturas a escala nacional, instrumento técnico que servirá de base para emitir una declaratoria de emergencia institucional. La medida busca habilitar un mecanismo de selección inmediata de jueces temporales y solventar la falta de magistrados que afecta el despacho de causas en las distintas provincias. Esta resolución fue acordada tras suspenderse el debate de un informe previo centrado únicamente en Cotopaxi, Chimborazo y Carchi, con el fin de unificar las cifras y ofrecer una respuesta conjunta para todo el territorio ecuatoriano.
La crisis del sistema de justicia responde a un escenario crítico provocado por jubilaciones, destituciones y vacantes no heredadas que ya interfieren en la toma de decisiones judiciales clave. Los últimos registros oficiales del organismo, correspondientes a la rendición de cuentas del año 2025, situaban el déficit en 657 jueces a nivel nacional, una cifra que según fuentes internas se habría incrementado en los primeros meses del año en curso. La fundamentación técnica y jurídica para declarar la situación extraordinaria se ampara en el artículo 40, numeral 2, del Código Orgánico de la Función Judicial, e incluye un análisis de afectación presupuestaria para determinar la viabilidad y el financiamiento de las nuevas partidas.
La propuesta diseñada por la Dirección General y el área de Asesoría Jurídica contempla que los jueces de primer nivel asciendan de forma provisional a las cortes provinciales. En tanto, para cubrir las vacantes en las unidades judiciales de base, se seleccionará a secretarios y ayudantes judiciales que cuenten con nombramientos provisionales o definitivos, excluyendo explícitamente al personal que labora bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales. De acuerdo con las bases de datos de la Judicatura, la institución dispone actualmente de 1.988 ayudantes y 1.178 secretarios con estabilidad laboral por nombramiento que podrían aplicar a este proceso de promoción temporal.
Pese a que la unidad jurídica del consejo descartó la necesidad de elevar una nueva consulta a la Procuraduría General del Estado por considerar que existen dos dictámenes vigentes que otorgan suficiente sustento legal, representantes de los gremios profesionales ven la medida con cautela. Desde la Federación Nacional de Abogados del Ecuador se reconoció la urgencia de incorporar personal transitorio para evitar el colapso del servicio, pero se enfatizó en que los jueces temporales no pasan por los mismos filtros de rigurosidad que los definitivos. Los líderes gremiales advirtieron que la medida debe ser estrictamente pasajera mientras se convocan concursos de oposición y méritos transparentes, señalando que prolongar la provisionalidad de los juzgadores podría ahondar la desconfianza ciudadana en el aparato de justicia.
