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Contraloría halla graves irregularidades en contratos de festivales artísticos en Cuenca

El informe señala perjuicio económico, firmas falsificadas y uso indebido de imágenes.

Escrito por Abel Cano

octubre 14, 2026 | 08:09 ECT

Un examen especial de la Contraloría General del Estado (CGE) reveló inconsistencias y presuntas irregularidades en la contratación de diez festivales y eventos artísticos ejecutados por el Municipio de Cuenca entre enero de 2021 y diciembre de 2025. La auditoría, que evaluó el manejo de $ 1′150.084,50 financiados con recursos de autogestión, salpicó a la gestión del alcalde suspendido Cristian Zamora e identificó cobros por servicios no ejecutados, ausencia de permisos legales y un perjuicio económico directo de al menos $ 63.375 sin IVA.

Entre los hallazgos del organismo de control consta que se presentaron fotografías de eventos pasados y documentación inconsistente para justificar presentaciones. Además, varios artistas negaron haber participado en los espectáculos e incluso desconocieron las firmas que aparecían en los expedientes de cobro. La investigación determinó deficiencias desde las fases preparatorias —al no sustentar la cantidad de artistas o equipos técnicos necesarios— hasta el uso inadecuado del régimen especial de obra artística para contratar servicios de montaje y logística, sumado a fallas en la calificación de oferentes que limitaron la competencia en el portal de compras públicas.

Las reacciones al informe no se hicieron esperar. La gestora cultural Verónica Tola denunció el uso no autorizado de sus fotos personales en los expedientes municipales y reservó acciones legales, mientras que el asambleísta Adrián Castro alertó sobre un posible patrón de adjudicación recurrente a un grupo de contratistas. Ante estos hechos, la alcaldesa encargada, Adriana Marisol Peñaloza, anunció el envío del expediente completo a la Fiscalía General del Estado. Por su parte, Cristian Zamora afronta actualmente en el extranjero investigaciones por presunto peculado en contrataciones hospitalarias y un proceso abierto por supuesto enriquecimiento ilícito.

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