El 18 de julio de 2025, la Corte Suprema de Brasil dictó medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo, acusados de maniobrar con autoridades de EE. UU. para imponer sanciones contra agentes públicos brasileños y presionar al Supremo para archivar el juicio por golpismo, según fuentes judiciales citadas por medios locales. Las medidas incluyen tobillera electrónica para Bolsonaro, prohibición de usar redes sociales, acercarse a embajadas o contactar a diplomáticos y otros investigados.
La Policía Federal señaló que ambos actuaron “dolosa y conscientemente” para someter al Supremo a la influencia de EE. UU., en un intento de obstruir la justicia y atentar contra la soberanía nacional. Eduardo, en EE. UU. desde marzo, mantuvo reuniones con la Casa Blanca, mientras Bolsonaro enfrenta cargos por liderar un complot golpista tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.
El juez Alexandre de Moraes, instructor del caso, respaldó los indicios de “actos delictivos” de padre e hijo, calificándolos como intentos de inducir a un gobierno extranjero a cometer actos hostiles contra Brasil. La Fiscalía acusa a Bolsonaro de delitos como golpe de Estado, con penas que podrían sumar 40 años.
Las diligencias coinciden con la presión de Donald Trump, quien anunció un arancel del 50% a importaciones brasileñas, denunciando una “caza de brujas” contra Bolsonaro. Lula calificó estas acciones como “chantaje inaceptable”, exigiendo respeto al Poder Judicial.
El caso intensifica la crisis diplomática entre Brasil y EE. UU., mientras el Supremo busca proteger la independencia judicial y el orden democrático frente a las acusaciones de golpismo que involucran a exministros y militares.
