El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo 632 el 15 de mayo de 2025, declarando como “grupos armados organizados” al Frente Oliver Sinisterra, las Disidencias Comuneros del Sur y los Comandos de la Frontera, estructuras disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta medida los incorpora como objetivos prioritarios en el “conflicto armado interno” declarado en 2024 para combatir el crimen organizado, tras una emboscada el 9 de mayo en Alto Punino, Orellana, que dejó 11 militares ecuatorianos muertos, atribuida a los Comandos de la Frontera.
El decreto, basado en un informe clasificado del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), señala la incidencia de estos grupos en actividades de narcotráfico y minería ilegal en zonas fronterizas con Colombia, especialmente en Esmeraldas, Sucumbíos y Orellana. Los Comandos de la Frontera, vinculados a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y aliados con la banda ecuatoriana Los Lobos, operan en la Amazonía, controlando la minería ilegal en la cuenca del río Punino. El Frente Oliver Sinisterra, conocido por el secuestro y asesinato en 2018 de tres periodistas de El Comercio, actúa en Nariño (Colombia) y Esmeraldas, mientras las Disidencias Comuneros del Sur también están ligadas al narcotráfico.
Noboa ordenó al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y al CIES ejecutar acciones coordinadas contra estas estructuras, permitiendo colaboración con organismos de inteligencia extranjeros si es necesario. La decisión responde a la escalada de violencia, con Ecuador registrando un promedio de un asesinato por hora en 2025, tras un leve descenso en 2024. Las Fuerzas Armadas investigan una posible filtración interna que facilitó la emboscada, que incluyó explosivos, granadas y fusiles de largo alcance. El Ministerio de Defensa, a través de su cuenta en X, afirmó: “¡Nos vamos con todo! Esta guerra contra los malos se intensificará”, tras desplegar 1.500 militares en la Amazonía.
La medida refuerza la estrategia de Noboa contra el crimen organizado, que incluye nexos con carteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, analistas como Daniel Pontón advierten que este enfrentamiento directo plantea un desafío inédito para el Estado ecuatoriano, descrito como una “declaratoria de guerra” por grupos con alta capacidad operativa. La Fiscalía investiga el ataque como un acto de terrorismo, mientras el país enfrenta una crisis de seguridad que combina narcotráfico, corrupción y violencia transfronteriza.
