El presidente Daniel Noboa declaró como prioridad nacional la continuidad y el fortalecimiento de los planes de prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a los eventuales estragos del fenómeno El Niño. La resolución fue formalizada a través del Decreto Ejecutivo 485, suscrito en Guayaquil con fecha 31 de agosto, en el contexto de la alerta roja emitida a nivel nacional el 29 de agosto de 2026. La disposición determina que todas las medidas institucionales deberán adaptarse dinámicamente a la evolución del evento natural y a los mapas de vulnerabilidad oficiales.
La normativa establece un marco de trabajo articulado entre nueve carteras de Estado —incluyendo Gobierno, Defensa Nacional, Interior, Salud Pública e Infraestructura— bajo las directrices técnicas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y las resoluciones de los Comités de Operaciones de Emergencia. Para garantizar la operatividad de las tareas estratégicas, se dispuso al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo la implementación de mecanismos presupuestarios que aseguren el flujo oportuno de fondos hacia las entidades ejecutoras durante las diversas etapas de la contingencia.
Asimismo, el Ejecutivo exhortó a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y parroquiales a priorizar sus planes de acción locales alineados con los protocolos nacionales. El decreto también ordena intensificar el monitoreo oceanográfico, meteorológico e hidrológico mediante la coordinación entre el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño y los organismos científicos competentes, con el fin de anticipar escenarios de riesgo y mitigar posibles daños materiales y humanos mientras se mantenga la máxima alerta territorial.
