El gobierno de Daniel Noboa ha puesto en pausa su propuesta de convocar una asamblea constituyente, una promesa clave de su campaña electoral en la segunda vuelta del 13 de abril de 2025, donde obtuvo el 55,63% de los votos. Según el ministro de Gobierno, José De la Gasca, la iniciativa está en “compás de espera” mientras el Ejecutivo analiza mecanismos más viables, como reformas parciales a la Constitución, para alinear su agenda política con la nueva Asamblea Nacional, instalada el 14 de mayo de 2025.
La Corte Constitucional (CC) ha establecido tres vías para modificar la Carta Magna: enmienda, reforma parcial y asamblea constituyente. Sin embargo, la falta de una mayoría consolidada de Acción Democrática Nacional (ADN), con 66 legisladores y apoyos adicionales que suman 70 votos, complica la aprobación de proyectos urgentes, ya que se requieren 77 votos para mociones clave. Esto ha llevado al gobierno a reconsiderar la constituyente, que implicaría tres elecciones (consulta popular, elección de constituyentes y referéndum), un proceso que, según De la Gasca, tomaría al menos cinco meses tras la aprobación de la CC.
El ministro sugirió que los asambleístas electos el 9 de febrero de 2025 podrían redactar la nueva Constitución, una idea que busca reducir costos y plazos, aunque depende de la interpretación de la CC. Analistas como Enrique Herrería, exjuez constitucional, critican esta propuesta, argumentando que una constituyente debe seguir el artículo 444 de la Constitución, que exige voto popular y no permite “atajos”. Herrería aboga por una constituyente urgente para reemplazar la Constitución de 2008, que considera obsoleta, pero advierte que no tendría plenos poderes, limitándose a redactar el texto constitucional sin asumir funciones de otros poderes, como ocurrió en 2007-2008.
Noboa, quien asumirá su nuevo periodo el 24 de mayo de 2025, ha presentado cuatro propuestas de reforma parcial en los últimos seis meses, tres aprobadas por la CC, incluyendo la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras. Sin embargo, su intento de eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos enfrenta precedentes de la CC que protegen el principio de igualdad. La decisión de optar por reformas parciales responde a la necesidad de gobernabilidad en un contexto de frágil mayoría legislativa y tensiones con la oposición, liderada por Revolución Ciudadana (RC). El gobierno busca así evitar un proceso largo y costoso, priorizando cambios específicos que no requieran una reescritura total de la Constitución.
