El presidente Daniel Noboa oficializó el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 (PNSI) como política pública de aplicación nacional mediante el Decreto Ejecutivo 448, firmado el 14 de julio de 2026. La decisión llega en medio del conflicto armado interno declarado por el Gobierno y convierte al documento en la hoja de ruta que orientará las acciones estatales frente al crimen organizado durante los próximos cuatro años. A diferencia de las estrategias implementadas en el pasado reciente, la naturaleza de este nuevo plan radica en que no se limita a definir operaciones policiales o militares de corto plazo, sino que estructura una política de Estado permanente y multidimensional. El enfoque integra de forma conjunta acciones de seguridad, justicia, desarrollo social, educación, empleo, tecnología y cooperación internacional para contrarrestar la influencia de las organizaciones criminales.
La arquitectura del plan descansa sobre el concepto de “acción unificada”, bajo el cual todas las instituciones públicas deben coordinar esfuerzos obligatoriamente, reconociendo que el crimen organizado es una amenaza compleja que afecta la economía, la gobernabilidad y la infraestructura crítica del país. Dentro de las reformas administrativas indispensables para este fin, el decreto estipula que la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado deja de ejercer la planificación estratégica, transfiriendo dicha competencia directamente al Ministerio de Defensa Nacional, que ahora asumirá la formulación, el seguimiento y la evaluación de la estrategia.
El Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 se sostiene sobre cuatro ejes de acción fundamentales:
- Prevención e Inversión Social: El documento recoge el planteamiento de que el combate a la delincuencia no puede ser solo reactivo. Se busca fortalecer la presencia estatal a través de inversiones en salud, educación, servicios básicos y programas de empleo dirigidos a reducir la vulnerabilidad de los jóvenes y de las comunidades más afectadas.
- Reforma del Sistema Penitenciario: El plan reconoce a las cárceles como centros de coordinación de las bandas delictivas y propone una reestructuración integral del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), acompañada de modernización tecnológica en vigilancia y control para recuperar el orden interno.
- Asfixia Financiera al Crimen Organizado: Más allá del control territorial, la estrategia apunta a debilitar el músculo económico de las estructuras mafiosas mediante un trabajo coordinado entre la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Fiscalía General del Estado para identificar, investigar y judicializar el lavado de activos.
- Evaluación y Seguimiento Técnico: Para asegurar que los lineamientos no queden únicamente en el papel, el Ministerio de Defensa liderará un proceso de control continuo apoyado en dos herramientas principales: una plataforma de información unificada y comités de revisión estratégica.
Analistas en seguridad y consultores políticos coinciden en que el éxito de este marco técnico dependerá de factores externos al documento, tales como la asignación de presupuestos suficientes para la Fiscalía y el sistema judicial, así como la capacidad del Gobierno para transformar esta planificación en resultados visibles y medibles. La percepción ciudadana en el territorio será el termómetro definitivo para evaluar si los mecanismos de control e inclusión social propuestos logran consolidar una ruptura efectiva frente a los modelos de seguridad aplicados en los últimos años.
