El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, solicitó formalmente a la Asamblea Nacional el trámite para la denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre). El pedido del Ejecutivo se fundamenta en un dictamen de la Corte Constitucional emitido el 1 de junio de 2022, el cual declaró constitucional la salida de Ecuador de este instrumento de integración económica. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea avocó conocimiento de la solicitud gubernamental y se comprometió a dar celeridad al proceso, mientras que los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana anticiparon que requerirán informes actualizados al Banco Central del Ecuador antes de fijar una postura definitiva.
El Sucre fue creado en 2009 con el objetivo de canalizar transacciones comerciales entre Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela; sin embargo, el sistema entró en un proceso de obsolescencia operativa y abandono institucional. Durante el periodo de vigencia del mecanismo, Ecuador destinó 2,4 millones de dólares para el Fondo de Reservas y Convergencia Comercial, además de 2309736,54 dólares en asignaciones anuales de funcionamiento, las cuales fueron suspendidas por el Ministerio de Economía y Finanzas en 2018 debido a la opacidad y a la falta de entrega de información por parte del Consejo Monetario Regional.
Los informes técnicos elaborados por el Banco Central del Ecuador confirman que desde 2019 la participación del Sucre en el comercio exterior del país es nula, ejecutándose el intercambio de mercancías de forma directa a través de canales financieros tradicionales. La crisis del organismo regional se agudizó tras una declaración de pausa administrativa adoptada en Caracas en 2018, motivada por la iliquidez presupuestaria, el bajo flujo de operaciones, las sanciones internacionales impuestas a ciertos estados miembros y el bloqueo de fondos en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, factores que impidieron transparentar el estado real de los recursos económicos aportados por el Estado ecuatoriano.
