El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sepultó explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al sentenciar que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo. Durante un acto masivo en Managua por la conmemoración del aniversario 47 de la revolución sandinista, el mandatario de 80 años enfatizó ante la multitud que la oposición no volverá a disputar el poder a través de las urnas, acusando a los sectores opositores en el exilio de buscar el gobierno para enriquecerse.
Para concretar esta postura, el jefe de Estado anunció que trabajará junto a la Asamblea Nacional y las instituciones del Estado en la elaboración de reformas legales que impidan la participación de los sectores críticos, a quienes calificó como golpistas. Esta medida busca reforzar el control del Ejecutivo tras la entrada en vigor en febrero de 2025 de una profunda reforma constitucional que otorgó poder total a la pareja presidencial, eliminó la separación de poderes, legalizó la apatridia y amplió el período de mandato de cinco a seis años.
El marco institucional nicaragüense contempla la figura de la copresidencia asumida por Rosario Murillo, en un contexto de constantes señalamientos internacionales por parte de organismos como la OEA, la ONU y el Parlamento Europeo. La postura del régimen ha generado duras reacciones diplomáticas, destacando las acusaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la falta de legitimidad democrática en la reestructuración del Estado nicaragüense y la negación del derecho al voto a la ciudadanía.
