Ramiro García, defensor técnico del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, anunció la implementación de nuevas estrategias jurídicas tras denunciar una serie de irregularidades en los ámbitos procesal y carcelario que afectan a su representado. Aunque el funcionario mantiene medidas alternativas en el denominado caso Goleada, permanece privado de la libertad en la Cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena, debido a los procesos judiciales Triple A y al relacionado con el uso de su dispositivo de vigilancia electrónica. García calificó como desproporcionadas las tres órdenes de prisión preventiva dictadas inicialmente —de las cuales la de Goleada fue revocada— y criticó especialmente el caso Grillete, argumentando que se le acusa de un delito mínimo de incumplimiento de orden de autoridad competente, cuya pena oscila entre uno y tres años. Asimismo, el jurista criticó las dilaciones del sistema judicial en Samborondón, donde tras interponer una queja lograron fijar una audiencia de caución para el 20 de mayo que finalmente fue postergada por las autoridades hasta el 11 de junio.
A nivel penitenciario, la defensa alertó que el burgomaestre es el único interno en la Cárcel del Encuentro que no cuenta con una sentencia condenatoria firme, por lo que han solicitado formalmente su traslado. García cuestionó el argumento del Gobierno nacional para trasladarlo previamente desde Latacunga a Santa Elena, el cual se justificaba en un supuesto plan para atentar contra la vida del alcalde, señalando que la defensa no ha podido constatar la existencia de un informe técnico de respaldo. Frente a esto, confirmó que han acudido a instancias internacionales y que, tras agotar los recursos ordinarios en el país, presentarán una acción de habeas corpus y una revisión de medidas para el caso Triple A. Adicionalmente, el abogado denunció trabas administrativas severas, asegurando que durante tres meses se les ha impedido ingresar un documento de autorización firmado por Alvarez para delegar formalmente su defensa en otras causas penales y administrativas. El encierro también ha provocado un severo deterioro en la salud del funcionario, quien registra una pérdida de peso de 63 libras, pasando de 250 a 187 libras.
