Una operación conjunta entre personal de la Armada del Ecuador, el Grupo de Tarea 100.21, la Policía Nacional y el ECU 911 permitió el desmantelamiento de una estructura clandestina de videovigilancia en el cantón Jaramijó, provincia de Manabí. Las autoridades informaron que la red ilegal estaba compuesta por 19 cámaras instaladas de manera estratégica en diferentes sectores del cantón. Según los reportes oficiales de la Armada, estos equipos tecnológicos eran empleados presuntamente por organizaciones delictivas que operan en la zona costera con el objetivo de monitorear en tiempo real los desplazamientos de las fuerzas del orden y así anticipar o evadir los operativos de seguridad planificados en territorio.
Este tipo de intervenciones no es un hecho aislado en el país, pues días atrás las fuerzas militares ejecutaron un procedimiento similar para desmontar dispositivos de vigilancia que habían sido colocados sin autorización en postes de energía en un sector de Guayaquil. En el ámbito nacional, las acciones gubernamentales para recuperar el espacio público y neutralizar la logística criminal han dado como resultado el retiro de más de 1.000 cámaras ilegales. Una parte considerable de estos dispositivos formaba parte de centros de monitoreo improvisados que estaban vinculados directamente a bandas de delincuencia organizada, las cuales buscan replicar los sistemas de seguridad del Estado para garantizar la impunidad de sus actividades ilícitas.
