La Policía Nacional detuvo la noche del martes 15 de septiembre de 2026 a un ciudadano en actitud sospechosa cerca de la avenida Simón Bolívar y la Casa de la Selección, en el norte de Quito, tras un incendio forestal registrado a las 19:05. Ante la alerta ciudadana que permitió la localización del sospechoso, el equipo jurídico del Cuerpo de Bomberos de Quito anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para investigar las causas del siniestro y determinar si existen elementos de convicción para vincular al aprehendido con el inicio de las llamas.
El incidente se suma a una temporada seca crítica en el Distrito Metropolitano de Quito, donde se han contabilizado 188 incendios forestales que han destruido aproximadamente 1.200 hectáreas de vegetación, según balances del alcalde Pabel Muñoz. Entre el 1 de junio y el 14 de septiembre de 2026, el Municipio ha sancionado administrativamente a 235 personas por realizar quemas a cielo abierto, cuyas multas económicas pueden alcanzar los 36.150 dólares e implicar penas de uno a tres años de cárcel si existen agravantes. Pese al monitoreo en zonas de alta afectación como La Vicentina, La Bota y Catzuquí de Moncayo, las autoridades reportaron que las evacuaciones preventivas de viviendas permitieron evitar pérdidas humanas y daños materiales directos.
El abordaje judicial de este nuevo caso refleja los antecedentes registrados durante la ola de incendios de 2024, periodo en el que la Fiscalía abrió más de 20 investigaciones y se procesó penalmente a nueve personas por flagelos en sectores como Guápulo, El Panecillo y El Inca. Aquellos procesos derivaron en sentencias condenatorias que ratificaron penas de prisión para los ejecutores en casos confirmados por pericias, así como en ratificaciones de inocencia cuando las evidencias no resultaron concluyentes en los tribunales, manteniendo el criterio de que la detención inicial no constituye por sí sola una declaración de responsabilidad penal.
