El Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado diferió la audiencia de suspensión condicional de la pena prevista para este lunes, 14 de septiembre de 2026. La solicitud fue presentada por Carolina del Rocío Troya, Lady Juliana Cedeño, Jessenia Vélez Orellana y José Ricardo Cevallos Avellán, procesados que fueron condenados a dos años y ocho meses de prisión en calidad de cómplices por la distribución e hidrocarburos ilícita. El juez ponente, Jorge Sánchez Pico, aceptó el aplazamiento tras justificar el pedido de la defensa de Cevallos Avellán y notificará oportunamente la nueva fecha para la diligencia.
La audiencia suspendida se enmarca en la sentencia emitida el pasado 29 de agosto, en la que se impuso una pena de seis años y ocho meses de cárcel al alcalde Aquiles Alvarez y a otras cuatro personas como autores del delito. Asimismo, el fallo judicial ordenó la disolución y clausura definitiva de seis empresas vinculadas a la familia del alcalde, entre ellas Copedesa y Corpalubri, además de fijar una reparación integral de 61,5 millones de dólares a favor de Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado determinaron que entre 2020 y 2024 se desviaron 22,7 millones de galones de combustible subsidiado del sector automotor para comercializarlo en los segmentos industrial y naviero internacional a precios superiores. El perjuicio económico provocado al Estado derivó en multas de doce salarios básicos para las personas naturales y de mil salarios para las compañías involucradas, mientras que la Fiscalía apela la ratificación de inocencia concedida a otros seis procesados en la causa.
