El Gobierno de Ecuador inició de manera inmediata las comunicaciones formales con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) tras el reciente dictamen de la Corte Suprema estadounidense. Esta acción, liderada por el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, tiene como objetivo principal salvaguardar los intereses nacionales y mantener el rigor técnico en las negociaciones bilaterales. La administración ecuatoriana busca navegar el complejo escenario institucional surgido luego de que la justicia norteamericana limitara las facultades presidenciales para imponer gravámenes bajo leyes de emergencia.
La respuesta oficial surge en un contexto de incertidumbre comercial, donde la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no faculta al Ejecutivo para establecer aranceles discrecionales. No obstante, el presidente Donald Trump ya anunció una nueva tasa general del 10 % amparada en el código comercial de 1974. Ante esto, las autoridades ecuatorianas ratificaron que continuarán el proceso de diálogo dentro de los marcos normativos establecidos, priorizando la estabilidad de la agenda económica con Washington y la protección del sector exportador nacional.
