Desde este 1 de mayo de 2026, las mercancías provenientes de Colombia enfrentan un arancel del cien por ciento tras la entrada en vigor de la nueva tasa de seguridad dispuesta por el Gobierno ecuatoriano. Esta medida, que duplica el gravamen anterior, fue oficializada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tras la resolución firmada en abril. El presidente Daniel Noboa justificó el incremento debido a la ausencia de acciones eficaces por parte de la administración de Gustavo Petro para contener a los grupos del narcotráfico. Esta decisión profundiza la guerra arancelaria entre ambas naciones, luego de que Colombia también elevara sus impuestos a los productos ecuatorianos al setenta y cinco por ciento, afectando directamente el intercambio comercial en la zona fronteriza.
La resolución aduanera argumenta que existe una omisión sistemática en los controles de salida desde el territorio colombiano, lo cual obliga a Ecuador a fortalecer su propia fiscalización para proteger la cadena logística. La tensión diplomática se intensificó tras las acusaciones sobre incursiones de grupos irregulares por la frontera norte, lo que motivó un despliegue militar masivo en la zona. Mientras el Senae aplica esta nueva tarifa, las familias dedicadas al comercio en provincias como Carchi empiezan a sentir las repercusiones de este conflicto bilateral. El escenario actual refleja una crisis que trasciende lo económico, convirtiéndose en un desafío de seguridad nacional que condiciona las relaciones diplomáticas y el flujo de bienes entre los dos países vecinos.
