Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, caracterizada por una escalada de violencia que permea distintos niveles de la sociedad. La violencia en las calles, impulsada por el crimen común, los cárteles de narcotráfico, las pandillas y el microtráfico, ha transformado al país en uno de los más violentos de América Latina, con una tasa de homicidios que alcanzó 46 por cada 100,000 habitantes en 2023, frente a 6 en 2018. Esta situación, agravada por la internacionalización de redes criminales y la debilidad institucional heredada de gobiernos anteriores, ha generado un clima de temor generalizado, afectando desde zonas urbanas hasta escuelas y hospitales, donde incluso los menores enfrentan extorsión y amenazas.
El gobierno de Daniel Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, ha implementado una política de “mano dura”, declarando un “conflicto armado interno” contra 22 bandas criminales, militarizando cárceles y calles, y logrando una reducción del 18% en homicidios en 2024, junto con un aumento del 30% en incautaciones de drogas. Sin embargo, los resultados son limitados: la violencia persiste, las cárceles siguen bajo control de bandas, y eventos como masacres, secuestros y atentados evidencian la incapacidad del Estado para recuperar el control. Además, las políticas de seguridad han generado críticas por violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y abusos en prisiones.
Medidas propuestas para el gobierno de Daniel Noboa
- Fortalecer las instituciones de seguridad y justicia:
Es crucial reformar la policía, el sistema judicial y penitenciario para combatir la corrupción que permite la impunidad de las bandas. Esto incluye depurar cuerpos de seguridad, mejorar la capacitación y equipamiento, y garantizar la independencia judicial. La creación de unidades especializadas en crimen organizado, con apoyo internacional, podría desmantelar redes transnacionales. - Reforma integral del sistema penitenciario:
Las cárceles, centros de operaciones criminales, requieren un control efectivo. Noboa debe avanzar en la construcción de prisiones de máxima seguridad, aislar a líderes de bandas y garantizar condiciones humanas para evitar motines y reclutamiento. La cooperación con países con experiencia en gestión penitenciaria, como El Salvador, podría ser útil, sin replicar excesos autoritarios. - Estrategias de prevención y reinserción social:
La violencia no se resolverá solo con represión. Programas de educación, empleo y reinserción para jóvenes en riesgo de unirse a pandillas o al microtráfico son esenciales. Iniciativas comunitarias en zonas vulnerables, como Guayaquil, pueden reducir la influencia de grupos criminales. - Cooperación internacional focalizada:
Ecuador debe fortalecer alianzas con países como Estados Unidos y la Unión Europea para combatir el narcotráfico, pero evitando la dependencia de actores controversiales como empresas de seguridad privadas. La cooperación debe centrarse en inteligencia, tecnología y control portuario, dado que el 70% de la cocaína mundial pasa por Ecuador. - Transparencia y respeto a los derechos humanos:
Para mantener la legitimidad, el gobierno debe garantizar que las operaciones militares y policiales respeten los derechos humanos, investigando denuncias de abusos. La creación de una comisión independiente para supervisar el “Plan Fénix” podría mitigar críticas y mejorar la confianza ciudadana. - Abordar las causas estructurales:
La pobreza (31.9% en 2024) y la polarización política alimentan la violencia. Noboa debe implementar políticas económicas inclusivas, generar empleo y estabilizar el suministro energético para reducir el descontento social que aprovechan las bandas.
En conclusión, la crisis de violencia en Ecuador requiere un enfoque multidimensional que combine represión efectiva con prevención, institucionalidad y cooperación internacional. Noboa, con su reciente reelección en abril de 2025, tiene una oportunidad histórica para consolidar un proyecto de seguridad que no solo combata el crimen, sino que reconstruya la confianza en el Estado. Sin una estrategia clara y sostenible, el riesgo de caer en un ciclo de violencia perpetua es alto.
